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La policía de investigaciones (PDI) investigó el actuar tanto de la Cámara de Diputados y el Senado entre 2011 y 2016. En el proceso de interrogó a 70 consultores y un tercio se negó a entregar los documentos solicitados.

El análisis realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, monitoreó los trabajos de la Cámara de Diputados y el Senado entre 2011 y 2016, tras las irregularidades detectadas en las asesorías hechas al senador Alejandro Guillier en 2017.

En el marco de la investigación, la PDI contactó a 70 consultores, los que fueron consultados y se les solicitó la entrega de informes, copias de contrato, registros de boletas y facturas, entre otros documentos.

De estos, 21% de ellos no concurrieron a la citación ni aportaron antecedentes; solo un 15% entregó toda la documentación solicitada; un 65% entregó los informes de su trabajo; un 24% accedió a levantar su secreto bancario61% entregó boletas o facturas de sus trabajos; y un 41% entregó copias de sus contratos, consignó El Mercurio.

Respecto a las cifras desembolsadas en asesorías, desde el Senado contrataron 302 asesores externos, los que efectuaron 4.208 asesorías y recibieron el pago de $5.617 millones.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados, entre 2011 y 2016 se contrató a 561 consultores, quienes realizaron 4.013 asesorías en total; lo que significó un gasto de $15.665 millones.

En total, y entre ambas cámaras, se desembolsaron $21.282 millones.

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