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Escándalo de drogas, alcohol y presunto abuso sexual en Bomberos de Penco deriva en petición de intervención

Contexto
Un informe lapidario de la Junta Nacional de Bomberos ratificó que el pasado 10 de marzo al interior de la segunda compañía de Penco hubo una fiesta con consumo en exceso de alcohol, marihuana, peleas entre los asistentes y lo más grave, un presunto abuso sexual contra una voluntaria perteneciente a la oficialidad del cuerpo.

Según detalla el escrito, por lo ocurrido, se ha faltado a la ética y a los valores básicos y fundacionales que nos rigen, causando desprestigio institucional ante sus camaradas bomberos y la opinión pública”.

El superintendente cuestionado, Marco Parada señaló que “sí fumaron marihuana dentro de la institución y ellos están siendo pasados a consejo. Ahí hay sanciones de algunos voluntarios por 10 y seis meses fuera de la institución”.

La conclusión principal da cuenta que la responsabilidad final es de los oficiales del cuerpo de Bomberos por no velar por el correcto comportamiento de los voluntarios, al no preocuparse que la celebración culminara a las 2:00 horas, como indicaba el permiso respecto.

Por esta situación se pide la intervención total en el Cuerpo de Bomberos de Penco, decisión que debe ser tomada por el gobernador provincial de Concepción, Robert Contreras.

“Estamos a la espera de poder revisar todos los antecedentes porque además existen una serie de situaciones denunciadas a la justicia ordinaria y ante eso requerimos información y solicitaremos una ampliación de los antecedentes”, apuntó Contreras.

Esas situaciones extras a la fiesta en cuestión tienen que ver con malos manejos económicos, que incluyen denuncias por emisión de cinco boletas ideológicamente falsas, la rendición de la misma factura en instituciones distintas como lo son la Municipalidad de Penco y el Ministerio del Interior.

También la interposición de querellas, por parte del actual superintendente contra el denunciante de los hechos, Óscar Fonseca, ex director de la primera compañía por el delito de apropiación indebida de al menos cinco millones de pesos.

Fonseca, en conversación con Sabes.cl, señaló que “las contabilidades del año 2015 están todas aprobadas, porque de lo contrario no habrian recibido la subvención del Gobierno, por lo tanto, -superintendente- déjese de mentir”.