Ingresan proyecto para terminar con las termoeléctricas a carbón en Chile a 2030
El diputado Gastón Saavedra (PS) ha manifestado su apoyo a las medidas del municipio de Coronel y la comunidad, en contra de los negativos efectos de la generación eléctrica a carbón y de sus instalaciones en la comuna.
En virtud del ejercicio de las facultades de la Cámara de Diputados, las que le han sido conferidas por la Constitución Política de la República en el artículo 52, el parlamentario del distrito 20 impulsó un proyecto de acuerdo para solicitar al gobierno una agenda que termine hacia el año 2030 sin termoeléctricas a carbón en el país.
Saavedra explicó que “estas industrias generan energía a costos menores, pero quien paga las consecuencias de esto es la calidad de vida de todos los habitantes y es lo que nos pasa en Coronel donde el alcalde intentó infructuosamente clausurar el vertedero de cenizas, pero la justicia dictaminó la reapertura y por ende se mantienen las dos termoeléctricas dañando a los habitantes”.
El integrante de la Comisión de Medioambiente añadió que “espera que este proyecto de acuerdo sea aprobado en la sala para pedirle al presidente de la república que al año 2030 no exista ninguna termoeléctrica a carbón en el país, es un compromiso que como sociedad es urgente adoptar”.
El proyecto de resolución ingresado a discusión contempla 5 puntos:
1. Reafirmar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, expresando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y especialmente de la naturaleza.
2. Promover la generación de energías limpias, renovables y no convencionales.
3. Promover la descarbonización de nuestro sistema energético y productivo.
4. Fomentar un plan de cierre de termoeléctricas a carbón, al cual ha hecho referencia el Presidente de la República con ocasión de la presentación de COP 25, este plan debe ser anunciado con objetivos y fechas claras.
5. La Cámara de Diputados considera que Chile debe contar con una matriz energética sin termoeléctricas a carbón para el año 2030.
6. Impulsar políticas que reconozcan el daño y el derecho a reparación, por los perjuicios causados a la salud de aquellas comunidades emplazadas en cercanías a termoeléctricas y empresas contaminantes.
