Contraloría advirtió graves irregularidades en CAJ Biobío: Dirigentes no firmaron asistencia en 2017
Una auditoría aleatoria que realizó la Contraloría Regional del Biobío a las Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, reveló graves irregularidades en torno al macroproceso de recursos humanos en la entidad en el periodo que comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Según información contenida en el Informe N°902/2018 entregado el pasado 11 de abril de 2019 al seremi de Justicia del Biobío, Sergio Vallejo, se corroboró que tres consultorios de la jurisdicción entre Ñuble y Aysén estaban cerrados en horario laboral.
Así también que en total se sumaron 1144 horas de atrasos durante todo el año 2017, siendo el punto más preocupante que los dirigentes gremiales, Marcelo Inostroza y Marta Moscoso presidente y directora de la Federacion Nacional del Acceso a la Justicia, FENADAJ y presidente y secretaria de la Asociación de Funcionarios Corporacion de Asistencia Judicial de la Region del Biobio, AFUN
Biobio, respectivamente, quienes no registraron su asistencia durante todo el periodo 2017.
Al respecto el seremi de Justicia Biobío, Sergio Vallejos, dijo que “consultorios que no abren, funcionarios que firman el libro de asistencia y no asisten a su lugar de trabajo, dirigentes sindicales que no han firmado el libro de asistencia por un periodo de 2 años y que no han tramitado ninguna causa durante 2018, entonces todas esas irregularidades repercuten en las personas más vulnerables de nuestro país que son los usuarios de la CAJ”.
Sobre el punto, Gonzalo Contreras, director general (s) de la CAJ Biobío, reflexionó que “hay irregularidades detectadas por contraloría como las realizadas por el señor Marcelo Inostroza Aparicio, presidente de Fenadaj y la Asociación de Funcionarios Corporación de Asistencia Judicial Biobío, quien no registró su asistencia durante todo el periodo 2017”.
“Desde el 25 de marzo es parte de los funcionarios en movilización, sin embargo, recibió la totalidad de su remuneración del mes de marzo, por un monto superior a los $4 millones de pesos. Este tipo de situaciones juegan totalmente en contra de nuestro servicio”, añadió.
Además se desembolsaron $32.648.963 por el pago de cotizaciones previsionales del personal que se encuentra haciendo uso de licencias médicas, sin que las instituciones de salud hayan reintegrado los montos.
Además licencias médicas autorizadas pendientes de pago por $10.934.366, licencias médicas en estado de trámite por $65.175.401 y descuentos no efectuados por licencias médicas rechazadas por $7.503.437, entre otras.
A consecuencia de esta situación, y en medio de un paro que cumple un mes por el no pago del 25% de un bono por incumplimiento de metas, la Contraloría Regional del Biobío, ordenó distintos procesos disciplinarios y una investigación sumaria para determinar responsabilidades; lo que puede derivar en la obligación de restituir todos los dineros pagados indebidamente.
