Una auditoría aleatoria que realizó la Contraloría Regional del Biobío a las Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, reveló graves irregularidades en torno al macroproceso de recursos humanos en la entidad en el periodo que comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Según informacióncontenida en el Informe N°902/2018 entregado el pasado 11 de abrilde 2019 al seremi de Justicia del Biobío, Sergio Vallejo, secorroboró que tres consultorios de la jurisdicción entre Ñuble yAysén estaban cerrados en horario laboral.

Así también que entotal se sumaron 1144 horas de atrasos durante todo el año 2017,siendo el punto más preocupante que los dirigentes gremiales,Marcelo Inostroza y Marta Moscoso presidentey directora de la Federacion Nacional del Accesoa la Justicia, FENADAJ y presidente y secretaria de la Asociaciónde Funcionarios Corporacion de Asistencia Judicial de la Region delBiobio, AFUN

Biobio,respectivamente, quienes no registraron su asistencia durante todo elperiodo 2017.

Al respecto el seremi de Justicia Biobío, Sergio Vallejos, dijo que “consultorios que no abren, funcionarios que firman el libro de asistencia y no asisten a su lugar de trabajo, dirigentes sindicales que no han firmado el libro de asistencia por un periodo de 2 años y que no han tramitado ninguna causa durante 2018, entonces todas esas irregularidades repercuten en las personas más vulnerables de nuestro país que son los usuarios de la CAJ”.

Sobreel punto, Gonzalo Contreras, director general (s) de la CAJ Biobío,reflexionó que “hay irregularidades detectadas por contraloríacomo las realizadas por el señor Marcelo Inostroza Aparicio,presidente de Fenadaj y la Asociación de Funcionarios Corporaciónde Asistencia Judicial Biobío, quien no registró su asistenciadurante todo el periodo 2017”.

“Desdeel 25 de marzo es parte de los funcionarios en movilización, sinembargo, recibió la totalidad de su remuneración del mes de marzo,por un monto superior a los $4 millones de pesos. Este tipo desituaciones juegan totalmente en contra de nuestro servicio”,añadió.

Además se desembolsaron $32.648.963 por el pago de cotizaciones previsionales del personal que se encuentra haciendo uso de licencias médicas, sin que las instituciones de salud hayan reintegrado los montos.

Además licenciasmédicas autorizadas pendientes de pago por $10.934.366, licenciasmédicas en estado de trámite por $65.175.401 y descuentos noefectuados por licencias médicas rechazadas por $7.503.437, entreotras.

A consecuencia deesta situación, y en medio de un paro que cumple un mes por el nopago del 25% de un bono por incumplimiento de metas, la ContraloríaRegional del Biobío, ordenó distintos procesos disciplinarios y unainvestigación sumaria para determinar responsabilidades; lo quepuede derivar en la obligación de restituir todos los dinerospagados indebidamente.