Los pitutos políticos o más bien la contratación de familiares en cargos de gobierno no son novedad. De hecho es un tema que ha generado la molestia y críticas de muchos, más aún cuando en el gobierno actual hay este tipo de situaciones y ante la criticada propuesta de Piñera de dejar a su hermano cómo embajador de Argentina resultó necesario legislar sobre esto.

De hecho el Presidente ya firmó -junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick; el proyecto de integridad pública.

Iniciativa que tiene tres ejes claros: datos abiertos, Ley de Transparencia “2.0” y la agenda anticorrupción, pretende regular la contratación de parientes del Presidente, ministros y otras autoridades, estableciendo el deber de solicitar informe al Servicio Civil.

Aunque para este caso se considerará parientes a aquellos que tengan hasta un tercer grado de consanguinidad, es decir, se incluyen padres, hijos, abuelos y tíos, quedando excluidos los primos.

Además, el proyecto “establece que el cónyuge, conviviente civil o algún pariente, por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, de altas autoridades debe declarar tal situación en la declaración jurada que debe firmar de forma previa a su ingreso a la administración del Estado”.

Una manera quizás de eliminar el tan popular pituto.