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Fue en marzo de 2016 cuando dos internos de la cárcel de Chillán resultaron con diversas lesiones de gravedad, uno de ellos con un TEC y el otro con un tímpano roto tras recibir golpes de puño y patadas por parte de los gendarmes, luego de que reclamaran por la suspensión del acceso a un teléfono público y la energía eléctrica.

Un incidente que motivó una querella por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que terminó con la sentencia en contra de seis funcionarios involucrados en los hechos, tras ser formalizados por lesiones leves, graves y menos graves. Para Ximena Chang, jefa del INDH en la región del Biobío “se trata de una condena importante en materia de torturas”, añadiendo que es el primer fallo de este tipo patrocinado por el organismo en contra de gendarmes.

Los funcionarios recibieron penas que van desde los 541 a tres años de presidio, pero se les aplicó una pena sustitutiva de libertad vigilada. Desde Gendarmería no quisieron descartar ni confirmar la continuidad de los uniformados en la institución, asegurando que en septiembre de 2016 se inició un sumario administrativo aun en curso para determinar responsabilidades.

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