Madres de dos menores con Atrofia Muscular Espinal recurren a la justicia para que el Estado cubra su tratamiento
Dos jóvenes madres de pequeños de 6 meses y 2 años y medio que padecen la Atrofia Muscular Espinal, enfermedad degenerativa que lleva a la muerte en poco tiempo, interpusieron un recurso de protección en favor de sus hijos y contra el Hospital Las Higueras de Talcahuano, el Servicio de Salud Concepción, Fonasa y el Ministerio de Salud para que el Estado brinde la posibilidad de acceder al tratamiento que cuesta 500 millones de pesos y que no es cubierto por ninguna entidad.
“Me lo dijeron así; es un niño en el cual se va a gastar mucho dinero y eso se podría repartir en otras enfermedades, pero ese niño es mi hijo y yo quiero disfrutarlo, quiero verlo crecer. No quiero estar todos los días diciendo, se va a morir, se va a morir” dijo Daniela Díaz, mamá de Cristobal de tan solo 6 meses.
Por otro lado Elvira Fuentealba, mamá de Ignacio dijo que “me da rabia, pena; cuando fui a entregar la carta al Servicio de Salud me dijeron que era imposible costear el tratamiento por el alto costo. Me llegaron a decir que ellos prefieren salvar la vida de otros niños que la de mi hijo, por lo caro”.
Las acciones judiciales ingresadas el 24 y el 29 de marzo respectivamente fueron acogidas a trámite por la Corte de Apelaciones de Concepción. “Lo que se les solicita es la protección a las garantías constitucionales que son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, en este caso los niños que requieren los medicamentos, además del derecho de igualdad ante la ley” indicó Ingrid Ríos, directora de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío.
Este es un caso particular ya que aquí es el Estado a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que demanda al Estado y sus organismos de salud. Ignacio y Cristóbal no tienen un pronóstico favorable de vida, sin embargo, la situación cambiaría radicalmente si pudieran acceder al tratamiento que tampoco está entre los reconocidos en el Auge y la Ley Ricarte Soto.
