Editorial: El error no forzado del Gobernador Rodrigo Díaz
Cuando llegó el Gobernador Rodrigo Díaz a declarar al Ministerio Público en su triple calidad de testigo, querellante e imputado llamó la atención la presencia del abogado Marcelo Torres.
Torres es un reconocido jurista de la región del Biobío, lo conocimos defendiendo los intereses del dueño de la discoteque la Curacacha Bruno Betanzo en el caso Matute. Además, asumió la defensa de varias personas en el caso Soquimich y al propio Claudio Eguiluz, el polémico presidente de RN en la región del Biobío.
Indudablemente Torres es uno de los mejores profesionales de la zona, por lo tanto, desde ese punto de vista de la asesoría jurídica que requiere Rodrigo Diaz, es una decisión más que acertada.
Sin embargo, a simple vista se vio feo.
¿Que se ve feo?
Que el gobernador sea investigado por irregularidades en el escándalo del caso convenios, donde en teoría se han malgastado los recursos públicos y que para eso se gasten recursos públicos extras para defender a Rodrigo Díaz.
En la Gobernación del Biobío hay 7 abogados fijos y además ya se había contratado la asesoría de otro profesional, tal es Marcelo Villenas que si tiene experiencia más que probada en temas penales.
Este error no forzado, le dejó en bandeja a los consejeros regionales opositores a la gestión de Díaz que hicieran una presentación en contraloría para que sea el órgano fiscalizador quien resuelva si esta asesoría se ajusta a la ley. En el escrito además presentaron antecedentes de situaciones similares en donde Contraloría ya había sentenciado que resulta improcedente que un servicio público "provea medios para la defensa de funcionarios en un juicio donde se persigue responsabilidad penal"
Obvio que el Gobernador tiene derecho a la defensa, pero esta ¿debe ser pagada por todos los chilenos?...Contraloria tiene la palabra.
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