Diputado Romero denuncia graves irregularidades en la CAJ Biobío y acude a Contraloría

Esta mañana, el diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, solicitó a la Contraloría Regional del Biobío que se pronuncie con respecto a diversas situaciones irregulares detectadas en la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío. El Parlamentario denunció varias irregularidades de carácter grave, las cuales solicitó investigar a fondo para así perseguir las responsabilidades correspondientes.  Hizo alusión a una licitación pública por 237 millones de pesos, con la cual se realizarían mantenciones y reparaciones eléctricas menores para unidades operativas de la CAJ. Sin embargo, el nombre de dicha licitación no correspondería con el objeto de la misma, pues se habría formulado originalmente para tener un soporte informático sustentable.  Lee también: Contraloría advirtió graves irregularidades en CAJ Biobío: Dirigentes no firmaron asistencia en 2017  Romero acusó que las bases ni siquiera fueron consultadas con el Jefe de Informática y Estadística de la institución, sino que fueron elaboradas por el Asesor de Soporte Técnico, quien mantendría una estrecha relación de amistad con el seremi de Justicia, quien lo habría recomendado en el cargo, y con el representante de la empresa que se adjudicó esta licitación.  Además denunció bases mal confeccionadas, reuniones fuera de Ley del Lobby entre la CAJ y oferente, falta de anexos y documentos agregados en ítem diferente en la ficha de licitación, Tabla de Evaluación y Acta de Apertura firmadas por una persona que figura con un con cargo que no existe, que se encuentra a honorarios, por ende, sin responsabilidad administrativa, son otros de los hechos denunciados.  Por otro lado, Romero pidió investigar el nombramiento del Director (S) de la CAJ Biobío, quien según el legislador, fue designado en el cargo mientras se encontraba en sumario por dineros mal habidos, pues tras haber realizado un reemplazo de abogado profesional del consultorio de familia de Talcahuano, siguió percibiendo remuneraciones, pese al cese de sus funciones en dicho cargo.  Además, se refirió a un estudio organizacional realizado por la empresa Cliodinámica, el cual tuvo un costo de 60 millones de pesos, cuyos objetivos y real necesidad serían desconocidos.  El diputado indicó que "es necesario que se determine la ilegalidad de la actuación de varios funcionarios públicos, independiente del cargo que ostenten. Se deben realizar los sumarios correspondientes y aplicar sanciones, caiga quien caiga".