La suspensión condicional del procedimiento determinó el Juzgado de Garantía de Coronel contra tres ejecutivos de Enel (exEndesa), en causa que investiga el presunto delito de introducción y propagación de elementos contaminantes al mar desde los vertederos de cenizas del complejo termo eléctrico Bocamina 1 y 2.

Como medidas se exigió cerrar definitivamente dos de los tres vertederos de cenizas. El plan de cierre contempla los USD 20 millones de dólares.

La investigación de la fiscal Ana María Aldana partió en 2012, cuando se registraron episodios de varazones masivas de langostinos en las costas de Coronel.

La persecutora aclaró que no era posible ir a juicio y conseguir medidas de mitigación. “Según nuestra normativa es imposible, ya que permite que si hay un juicio, también podrían haber absueltos y en ese caso no habría habido absolutamente ninguna sanción, al contrario, habría sido tal vez un problema para otras investigaciones”, señaló.

Agregó que “en el caso de la condena, lo más que podríamos alcanzar, eran penas que eran firmando y no este tipo de salidas, la única forma de llegar a esto era de esta forma”.

La empresa propuso que por un plazo de dos años, el centro Eula de la Universidad de Concepción monitoree las emisiones contaminantes diaria y mensualmente, con la respectiva emanación de informes.

Michele Siciliano, gerente de generación térmica de Enel Generación detalló que “con este plan de mejoras en el vertedero estamos dando continuidad al trabajo que hemos desarrollado en nuestra central Bocamina, donde hemos elevado sus estándares de operación y control ambiental, con medidas de total transparencia como la entrega en línea de información de nuestras emisiones a la autoridad competente”.

Agregó que “en el caso del vertedero, se implementarán parámetros como los que define la agencia ambiental de Estados Unidos para este tipo de instalaciones, lo que elevará los estándares de gestión de las cenizas a nivel internacional”.

Así los ejecutivos Mario Enero, Pablo Arnés y el funcionario David Poblete, no podrán incurrir en evento delictivo alguno en un plazo de dos años, sino la causa será revocada inmediatamente.

Luis Felipe Urbina, abogado querellante contra Enel apuntó que “lo propuesto por el Ministerio Público es una reconocimiento tácito que la empresa Bocamina y Enel sigan funcionando y contaminando, claro, con menos índices pero sigue contaminando”.

Además añadió que “aquí queda como si nunca hubiera pasado nada, el dinero nuevamente compró el daño causado a la gente. Podrán ser miles de millones las medidas que van a hacer pero son medidas que tenían que hacer igual, porque es una empresa que está dañando y contaminando”.