El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió una denuncia de tutela laboral y condenó a la Municipalidad de Hualpén a pagar la cifra total de $15.465.768 a Pablo Angelino Pérez Nova, ex encargado del Departamento de Informático de ese municipio, quien fue discriminado porque con ocasión del término de la relación laboral. El juzgado determinó que la entidad edilicia afectó la integridad psíquica de Pérez Novoa.

El fallo, dictado por la magistrada Valeria Garrido Cabrera, establece que “la demandada ha afectado la integridad psíquica del actor, vulnerando su derecho a no ser discriminado arbitrariamente, sin justificación suficiente, por lo que la presente denuncia debe ser acogida”.

En ese sentido, la resolución detalla que ” así la alcaldesa (Torres), señaló, incluso previo a asumir su cargo, en forma pública, que desvincularía a operadores políticos, corruptos, relacionados con las administraciones anteriores, especialmente con la familia de Marcelo Rivera; ello en el caso del actor fue materializando el 6 de diciembre pasado, porque en definitiva al asumir la nueva alcaldesa tomó su decisión de desvincular al actor y colocar en su lugar a una persona “de su confianza”; en el caso de marras, cuando la autoridad asume, el funcionario se encuentra de vacaciones y una vez que regresa, ya ocupaba su puesto de trabajo y ejercía sus funciones, el señor Víctor Rodríguez, que como declara la propia testigo de la demandada señora Cartes, fue presentado desde el 1 de diciembre pasado por la alcaldesa como el encargado de informática; sin poder el actor al retornar, tener acceso a su computador y correo institucional y además sin tener un lugar físico donde dejar sus pertenencias y sin trabajo asignado que realizar; se envía al actor al DAEM (donde existe otra área de informática) para que trascurra el plazo hasta 31 de diciembre y se pueda determinar (malamente) la no renovación de su contrata, lo que se efectúa en el 21 de diciembre pasado”.

Asimismo, fundamenta que estas acciones trajeron una serie de consecuencias para el demandante. “En cuanto a la envergadura del daño, se rindió prueba pericial, que permite establecer que producto de los actos de hostigamiento de que ha sido víctima el demandante y que culminaron con la no renovación de su contrata, este ha desarrollado trastorno adaptativo mixto, ansioso-depresivo”.

El juzgado determinó el pago de la suma de $12.465.768 por concepto de indemnización contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo, equivalente a 6 remuneraciones del trabajador y $3.000.000 por concepto de daño moral.